Zaragoza, 15 de Diciembre 2020
La plantación de la nave industrial de Unión Verde ha sido considerada legal pero dos de los «propietarios» han resultado condenados por delito contra la salud publica. La sentencia ha rebajado de manera sustancial la pretensión de la fiscalía. Esta última solicitaba 37 años de cárcel y 48 millones de euros de multa, puesto que se alegaba que el cultivo perseguía los mismos fines que una organización criminal.
¿Un sinsentido con explicación?
La empresa Unión Verde S. L. nació en junio de 2017 de la mano de Juan José L. M., siendo su razón social el comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes, alimentos para animales, flores y plantas. Está participada por cinco personas, el citado empresario y cuatro ciudadanos de nacionalidad holandesa.
Poco después de iniciar su actividad, la sociedad comunicó al Seprona de la Guardia Civil y a la Diputación de Aragón la siembra y cultivo en invernaderos de cáñamo industrial (fibra, grano y flores de cáñamo) de la especie Cannabis Sátiva, en sus cinco variedades siguientes: Kompolti, Tiborszallasi, Antal, Carmagnola y Fedora; todas ellas con bajo contenido en tetrahidrocannabinol (THC, el componente psicoactivo) y aprobadas por la Unión Europea.
Por tanto, la empresa puso en conocimiento de las autoridades su actividad, lo que no se corresponde de ninguna manera con los métodos de una organización criminal, aportando toda la documentación además de un análisis clínico de la empresa CTAEX, que certificó que el porcentaje de THC de las plantas era inferior al límite establecido en España para el cultivo legal de cáñamo: 0,2 %.
Problemas en el Paraíso
Pero una vez iniciada la producción, y tras haber conseguido una primera cartera de clientes, entre ellos instituciones publicas del Estado, los propietarios se enfrentaron a un grave problema: robos recurrentes en las instalaciones.
Ante tal situación se decidió contratar personal de seguridad, pero los robos continuaron, y como alguno de ellos se vio agravado con el uso de armas, la empresa decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil y se prescindió del guardia de seguridad. Pero este trabajador, ante el despido, denunció a la Guardia Civil que en la nave se estaba cultivando cannabis de forma ilegal, más allá del comercio industrial, puesto que «olía más de la cuenta».
Los agentes se personaron en la nave y procedieron a la recogida de una muestra con la autorización del administrador. En total se decomisaron 27 plantas de diferentes tipos de Cannabis Sátiva, que fueron enviados al Laboratorio del Área de Sanidad de la Subdelegación de Zaragoza.
Del resultado del análisis, se observó que el THC oscilaba entre el 0,1 % y el 1,4 %. En números, unos 1.090 kilos intervenidos con un principio activo superior al permitido. El contraanálisis presentado por Unión Verde, en cambio, seguía ofreciendo resultados inferiores al 0,2 %.
A pesar de la situación, la empresa pudo continuar con su actividad mientras se tramitaba la destrucción de la cantidad confiscada. La Guardia Civil elaboró un inventario y sugirió al administrador que guardara los cogollos (flores) listos para la venta con el fin de evitar nuevos robos.
Siguiendo los consejos de la Guardia Civil
Todo y la existencia de este informe, meses más tarde en un registro, ocurrió lo siguiente: al cotejar las cantidades producidas con las presentes en la nave los números no cuadraron, a lo que el administrador adujo que llevaron parte de los cogollos a la casa existente en el interior de la instalación para evitar robos, como así había aconsejado la Guardia Civil en el anterior informe.
«Escondidos» en un falso techo se encontraban 340 kilos de cogollos, con un valor en el mercado de 456.620 euros.Como resultado, el fiscal del caso acusó a Juan José L. M. y Paul Bernardus K. de un delito contra la salud pública y exigía la disolución la sociedad Unión Verde.
El tribunal, finalmente, ha reconocido el delito de salud, aunque cuestionable y con posibilidad de recurso, pero ha rechazado la pretensión de la fiscalía de disolver la sociedad.
El abogado de los acusados, José Cabrejas, se mostró «satisfecho» porque se reconoce la legalidad de la plantación. Además, se valida el criterio del Tribunal Supremo en el que se sostiene que con semillas certificadas por la UE que garanticen un TCH por debajo del 0,2% se acepta un margen de error del 5%.
En cualquier caso, el letrado ya prepara el recurso para tratar de exonerar a sus dos clientes, que solo se limitaron a proteger los cogollos «dentro de la nave» para evitar nuevos robos.
