La ola de manifestaciones contra las tres condenas de treinta años por consumo de cannabis ha forzado al gobierno tunecino a reconsiderar la ley vigente
Un tribunal de primera instancia de la ciudad Al-Kāf, a 200 km de la capital, el 21 de enero condenó a tres jóvenes veinteañeros a treinta años de prisión por consumo de marihuana en un estadio de fútbol clausurado en el momento de los hechos.
Concretamente, el juez pide a cada uno 5 años por consumo de cannabis, 5 por posesión ilegal, 20 años por consumir drogas en espacios públicos y les ofrece la posibilidad de presentar un recurso a la decisión. El artículo 52 del Código Penal tunecino castiga por igual el consumo de drogas blandas y duras, llegando a representar un 30% de las encarcelaciones del país.
Las reacciones al veredicto no se hicieron esperar. Horas después de que fuese publicado, varios internautas colgaron en las redes sociales una carta conjunta exigiendo la liberación de los tres jóvenes y denunciando la dureza de la condena.
Amnistía Internacional también consideró injusta la sentencia y la tildó de “medida disuasoria orientada a los jóvenes”. Y otras muchas voces de la opinión pública y políticos se han posicionando en contra y han mostrado su descontento.
La oleada de protestas se trasladó a las calles de la capital, sumando a sus filas varios centenares de manifestantes pidiendo la derogación de la ley y la liberación de los tres procesados.
Ante este panorama, el pasado 1 de febrero, Hichem Mechichi, el primer ministro del país, propuso retomar las negociaciones para modificar la conocida como “Ley 52” y proponer sanciones alternativas, tales como los trabajos comunitarios.
Esta revisión ha sido anunciada en varias ocasiones. En 2017, el Parlamento tunecino aprobó una enmienda que permitía a los jueces tener en cuenta circunstancias atenuantes como ser consumidor sin antecedentes y rebajar la condena a trabajos sociales o al pago de una multa. Presentada como “provisional”, ha servido simplemente como promesa electoral y dicha medida ha quedado en papel mojado.
La estricta normativa contra las drogas se desarrolló en la década de los 90 como consecuencia del escándalo “CousCous Connection”, una red internacional de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capital en la que participaba el hermano del exdictador Zine el Abidine Ben Ali. Considerada autoritaria y anacrónica por las organizaciones de Derechos Humanos, fue utilizada por el régimen anterior para encarcelar a sus opositores.
En la actualidad, el Colectivo por la Legalización del Cannabis (COLEC) defiende un proyecto de ley para legalizar la producción, la legalización y el consumo, tomando como modelo las reformas canadienses. Según sus pronósticos, reduciría la población carcelaria, la criminalidad y favorecería la creación de más de 150.000 empleos y se ingresarían más de 460 millones de euros anuales a las arcas públicas.
Está por ver si la multitud de protestas, tanto de particulares como diputados y asociaciones nacionales e internacionales, sumadas a la labor de organizaciones como COLEC y el cambio de perspectivas a nivel mundial por lo que respecta al uso médico y recreativo del cannabis, impulsarán al ejecutivo tunecino a presentar el proyecto de enmienda definitivo, prometido para los próximos días.
